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En los últimos tres años se han conocido por lo menos ocho casos de plagio por parte de políticos o funcionarios públicos. Con excepción de Flor Luna Victoria, exjefa de la Sunedu -cuyo plagio le costó el cargo-, esta práctica no ha sido sancionada en ninguno de los casos.

El último caso denunciado corresponde al fiscal José Domingo Pérez, quien, según investigaciones realizadas por el Observatorio de Plagio en la Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el diario Altavoz, plagió más de 20 páginas de su tesis universitaria. Más de 20 páginas que no utilizaron comillas ni tampoco el formato APA que permitiría prescindir de ellas.

Como es evidente, sin embargo, la denuncia ha sido pasada por agua tibia -medios de comunicación incluidos-, al tratarse esta vez ya no de un villano, sino de un “ídolo de la lucha contra la corrupción”.

La respuesta ante las acusaciones de plagio suele ser la misma: que la denuncia se trata, en realidad, de una campaña de desprestigio. Así lo han afirmado los defensores del fiscal Pérez; así lo afirmaron también César Acuña y Renzo Reggiardo en su momento.

¿Debería preocuparnos realmente la comisión de plagio por parte de los funcionarios? ¿Es tan grave la falta? Según el Código Penal, sí: en el Perú, esta práctica se sanciona con hasta ocho años de cárcel. Además, el plagio nos habla no solo de la rigurosidad del denunciado, sino de su honestidad. Señales que a los peruanos, sencillamente, nos cuesta ver a tiempo.