El Departamento de Estado de los EE. UU. acaba de hacer público su informe anual sobre el narcotráfico y los crímenes financieros en 2016. Lo lamentable para nuestro país es que hemos sido incluidos en esa lista, lo que incuestionablemente desprestigia al país. El blanqueo de dinero se ha convertido en una de las mayores actividades ilícitas en el mundo. La ONU había calificado en su momento al narcotráfico como una de las mayores amenazas para la humanidad. El narcotráfico colisiona con las políticas internas, a las que Washington le ha dedicado muchísimos esfuerzos y por tanto -como es de esperarse- las que externaliza serán sumamente drásticas. Muchas de las vulnerabilidades en el país están asociadas al narcotráfico que ha atravesado a las diversas actividades del hombre. No es correcto decir que el Perú es un narcoestado pero sí que lo puede ser si acaso no se hace nada para evitarlo. En el Perú circula mucho dinero cuyo origen tiene dudosa procedencia. El Estado peruano -una dimensión superior al solo Gobierno- tiene un firme compromiso por combatir el lavado del dinero, pero hasta ahora la acción para neutralizarla y erradicarla no ha podido lograr su cometido. Tampoco será nada fácil que se haga de la noche a la mañana. Para hacerlo se debe apuntar en dos frentes: el coactivo donde operan la Policía Nacional y las FF.AA., en este nivel es imprescindible una acción decidida; y, judicial, donde los operadores de la justicia deben actuar en modo implacable. Salir de la lista no será nada fácil. El prestigio de un Estado es parte del interés nacional y por esa razón ningún esfuerzo puede ser más grande que cuidarlo. Pegado al lavado de dinero está la corrupción. Ambas perviven en estrecha alianza tácita a cual mejor compinche, apoyándose mutuamente sus actores para consumar la degradación de la moral nacional, que es lo más grave. ¡Actuemos!

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