Es solo una forma de decirlo. Cada domingo a las doce un nuevo escándalo remece las esferas del poder desde lo más alto, es decir, teniendo al propio Pedro Castillo como jefe de lo que ha venido en llamarse organizaciones criminales sumergidas y camufladas en el espectro político. A este columnista le quedan pocas dudas de que es así. Es más, me indigna la flagrancia de los hechos y la desvergüenza del descarado blindaje que realiza la Fiscalía de la Nación bajo el paraguas de impunidad que coloca Zoraida Ávalos.

La pregunta es: Si la justicia omite las señales del radar que capta el espectro de la corrupción, ¿qué queda hacer en el campo político? Por menos de eso dejaron sus presidencias PPK y Martín Vizcarra, por ello es interesante la figura planteada por el exprocurador César Azabache, que apunta a una inhabilitación política con un proceso establecido, legalmente posible y técnicamente sustentable.

Habría más de un motivo, pero la reunión de Castillo con Samir Abudayeh Giha, cuya empresa Heaven Petroleum Operator ganó un contrato de 72 millones de dólares, en la que además participó la ya famosa Karelim López, es más que suficiente para interpretar que el jerarca de Palacio de Gobierno no porta una banda, sino que la lidera con intereses delictivos y ha pasado a ser un forajido de sombrero y corbata que se burla de una clase política y una sociedad sin reflejos ni reacción. La inhabilitación política, explica Azabache, requiere de 66 votos y llevaría después a una vacancia pero, sobre todo, a una búsqueda de consensos políticos para que la opción sucedánea en Palacio sea una con la legitimidad y el respaldo suficientes como para convocar en los plazos de ley a nuevas elecciones sin zozobras ni convulsiones. Es una opción válida y atendible. El país necesita un respiro, sacarse de encima esta farsa de gobierno y acabar de una vez con el cutrero del sombrero, al nauseabundo personaje que provoca las más intensas arcadas cada vez que se le llama presidente.