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Fue capturado el exalcalde de Vilcabamba, Cusco (2011-2014), Juan Eudes Olivera Ricalde, quien era buscado por la Policía Nacional y había una recompensa de 20 mil soles. Estaba acusado del presunto delito contra la administración pública, malversación de fondos y la justicia ordenó 18 meses de prisión preventiva en mayo del 2016.

Olivera es una de las tantas autoridades que tras culminar su gestión afronta problemas con la justicia y, en parte, porque de manera oportuna no se dio el control y fiscalización en el uso de recursos públicos.

La Contraloría General de la República (CGR) tiene esa responsabilidad de monitorear sobre el destino que se dan a los dineros públicos en cada institución estatal, entre ellas, municipalidades y gobiernos regionales.

Lamentablemente, los jefes de las oficinas de Órganos de Control Institucional (OCI), asignados a estas entidades, dependían del titular del pliego y no de la Contraloría. Sin embargo, con los cambios ahora la figura es otra y se espera el control oportuno en el buen uso de recursos.

La CGR acaba de designar a un equipo de profesionales para asumir la función de jefe del OCI en 116 municipalidades provinciales de todo el país, con lo cual se prioriza su trabajo para la debida fiscalización de dineros públicos que recibe cada organización pública en el marco de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control y que tanto se demandó.

Ahora la Contraloría tiene las herramientas que por años se reclamó y se esperan resultados a corto plazo, dentro de la gran lucha contra la corrupción que tanto daño hace al país y seguir detectando a tiempo aquellos posibles malos manejos con los dineros del Estado.

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