El jueves 7 del presente, el pleno virtual del Congreso aprobó el proyecto de ley, presentado por Acción Popular, que modifica su reglamento. Con esto se excluye a los congresistas de la obligación establecida por el DU 020-2020, de diciembre del 2019, de presentar una declaración jurada de intereses, que debería publicarse en la Plataforma Interoperabilidad del Estado, para que esté a disposición de RENIEC, ONPE, SUNARP, SUNAT y la Contraloría, a fin de que ejerzan labores de fiscalización.
La modificación aprobada, aún no publicada por el propio Congreso, crea una excepción en favor de los congresistas bajo el falso criterio de que esta declaración deben presentarla solo ante los miembros del Consejo Directivo del Congreso (Mesa Directiva más portavoces de las bancadas), y no publicarla en la plataforma del Estado.
El argumento de las bancadas que aprobaron este absurdo privilegio, que tuvo el voto en contra del FA, FREPAP y Partido Morado, es que el Congreso es autónomo y debe autorregularse. Con esto están ignorando que si bien la división de poderes les da autonomía, no les crea un régimen de privilegio por encima del resto de funcionarios del Estado, pues esto podría encubrir actos de corrupción como los que se han dado muchas veces en el pasado.
Una correcta división de poderes implica fiscalizaciones y contrapesos, que no pueden la mayoría de congresistas ignorar.
El país entero espera una pronta rectificación, para no seguir con el “otorongo no come otorongo”, puerta abierta a la corrupción.
