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Hoy se cumplen 66 años desde que los denominados países del Pacífico Sudeste -es decir, Chile, Perú y Ecuador- revolucionaron el Derecho del Mar imperante al unificar sus posiciones unilaterales y suscribir la célebre Declaración de Santiago de 1952, que estableció como norma de su política internacional marítima la soberanía y jurisdicción del Estado costero hasta las 200 millas. Por primera vez, tres naciones de nuestra región -Colombia se sumó en 1979- anunciaron al mundo que, en esa distancia marina, los recursos vivos (peces) y no vivos (minerales) que allí se encuentren pertenecen al Estado costero, por lo que sin su autorización ningún otro Estado podía ingresar a explotarlos. Su aceptación progresiva no fue nada fácil. Se desarrollaron intensas campañas internacionales en las que el Perú cumplió un rol espectacular, siendo identificado con justa razón como país pionero en la formulación de la tesis innovadora. De hecho, toda la política exterior peruana de los años sesenta y setenta difundió eficazmente por todo el planeta esta nueva forma de concebir al mar: ya no como un espacio militarizado o de seguridad como había sido por más de 2000 años, sino con un clarísimo concepto socioeconómico, donde lo relevante ya no son las aguas en sí mismas sino sus recursos. Nuestros científicos, diplomáticos, académicos, militares, etc. que asumieron con convicción la nueva visión del mar fueron claves para lograr que en 1982, cuando fue abierta a la firma la Convención del Mar, en Jamaica, los demás países del globo se sumaran abrumadoramente a la tesis regional que fue incorporada de manera intacta en ese monumental tratado llamado la “Constitución de los Océanos”. Para coadyuvar en la universalización de la extraordinaria tesis, en esa misma fecha fue creada la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), cuya sede se encuentra en Ecuador y que desde esa fecha coordina ininterrumpidamente y en forma exitosa las políticas marítimas de sus cuatro Estados miembros. Esta es una razón más para que el Perú se adhiera a la Convención del Mar de 1982. 

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