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El lunes 18 de febrero se firmó un acuerdo de colaboración entre funcionarios de Odebrecht de Brasil y la justicia peruana, representada por los fiscales a cargo de la investigaciones relacionadas con los actos de corrupción, por las coimas que se habrían pagado a funcionarios y políticos peruanos por solo cuatro casos: la Interoceánica tramos 1 y 2, el Tren Eléctrico, la Vía de Evitamiento del Cusco, y Costa Verde en el Callao, que presuntamente implicarán a los gobiernos de Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, PPK, Susana Villarán y la excandidata Keiko Fujimori.

El temor de que se obtengan pruebas que corroboren las sospechas, que los incriminen, los llevó a actitudes tendientes a impedir que se firmen estos acuerdos y compromisos de colaboración, fugas del país y pedidos frustrados de asilo. Finalmente se firmaron y han empezado las tomas de declaraciones.

Se ha criticado que la reparación civil de S/610 millones, pagaderos en 15 años, es muy reducida y lesiva para el país, pero recordemos que hay millonarias reparaciones que no se han pagado ni se pagarán, entre ellas las de Alberto Fujimori y sus socios.

Esperemos que las declaraciones y las pruebas que vengan de Brasil, como resultado de estos acuerdos, nos acerquen a la verdad, lo que nos permita combatir la corrupción de manera eficiente.

Tomemos conciencia de que la corrupción ha avanzado por un modelo contractual que la permite, por lo que debemos cambiar las cosas desde la raíz. Los peruanos merecemos vivir sin corrupción.