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Luego de cuatro meses de promulgada la llamada “Ley Mulder”, que prohibía la publicidad estatal en los medios de comunicación privados, esta fue declarada nula ayer por el Tribunal Constitucional (TC), que consideró que viola derechos constitucionales como el de la libertad de información.

Mientras una mayoría de congresistas sostenía que el Estado le estaba regalando la plata a los medios para tenerlos de aliados y que esto solo servía para el privilegio de pocas personas, finalmente se impuso la justicia. Como dijo el presidente Martín Vizcarra, “la decisión del TC devuelve a los ciudadanos el derecho a estar informados”.

Se debe entender que la libertad de información solo existe si la gente puede acceder a ella sin prohibiciones ni regulaciones. No puede ser que el Estado no pueda comunicar y que sus campañas y actividades no estén al alcance de todos.

Los congresistas que apoyaron decididamente la “Ley Mulder” demonizaron a los medios y les adjudicó una segunda intención a todo lo que los periodistas incómodos decían o escribían y los ponían a la altura de operadores políticos que querían desestabilizar el Legislativo. Daba la impresión que querían que la libertad de prensa se adapte a sus deseos.

Es evidente que alinear a la prensa respecto a esos prejuicios era inaceptable. Hacer de la prensa un enemigo ha sido el persistente error del partido político que domina el Parlamento. Algunos se aprovecharon de este tema para ganar exposición y hacer creer que son la reserva moral del país, sin embargo, los grandes perdedores eran los peruanos que no se informaban de programas de salud, proyectos y servicios públicos que brinda el Estado.