Con la declaración ante el Ministerio Público del comandante general de la Policía Nacional, general PNP Raúl Alfaro, en el sentido de que el expresidente Pedro Castillo le ordeno interrumpir el funcionamiento del Congreso y arrestar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, todo esto sin contar con el más elemental respaldo legal, la suerte del cabecilla del golpe de Estado del pasado miércoles siete de diciembre parece estar echada.

Ni siquiera las acciones violentas registradas en distintos puntos del país, que incluso han ocasionado la muerte de un joven en Apurímac, la toma de un aeropuerto y la quema de una comisaría, podrían salvar al profesor de varios años cárcel, pues lo visto la semana pasada ha sido un golpe de Estado sin atenuantes. Que no hayan hecho caso al golpista, es otra cosa. Ni siquiera los buenos amigos que Castillo tiene en la OEA han podido sacar cara por él.

Ayer los escuderos de Castillo han pretendido torpedear el pleno del Congreso. Incluso el legislador Pasión Dávila (Bloque Magisterial) golpeó por la espalda a su colega Juan Burgos para luego salir corriendo de la forma más cobarde. Y eso que este sujeto es profesor. Habría que ver qué ha enseñado a sus alumnos este personaje que días atrás mintió al país al afirmar que el golpista nunca quiso huir del país, cuando está claro que estaba camino a esconderse en una embajada.

Si el Perú pretende ser un país serio, el golpista Castillo tiene que ser procesado con todas las garantías y condenado de acuerdo a ley, tal como se hizo con Alberto Fujimori y sus ministros. Ni siquiera la condenable intervención de gobiernos de países como México y Colombia debería salvar a este sujeto que hace cinco días hizo lo que tanto ofreció en campaña electoral: imponer una dictadura y acabar con la separación de poderes.

Acá no cabe afirmar que Castillo “es profesor, campesino y rondero”, o que lo obligaron a leer ese mensaje, o que lo doparon con un líquido o que el pobre hombre es un ignorante y no sabía lo que hacía. Era el jefe de Estado con plenos poderes y punto. Que se haga responsable de los delitos cometidos, al igual que sus ministros y colaboradores, esos que ahora no recuerdan nada, no saben nada y que aseguran que jamás escribieron el mensaje suicida.