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El primer día de su gestión como alcalde de Lima, Jorge Muñoz anunció que, como parte de una “nueva política de comunicación”, se desbloquearía a aquellos usuarios que, durante la gestión de Castañeda Lossio, habían sido bloqueados de las cuentas de la municipalidad en redes sociales.

Y es que en la era digital, las redes sociales han modificado la manera en que se ejerce la democracia. Hoy, constituyen un foro público en el que se gestan debates que, luego, pasan a ocupar la agenda nacional. Las autoridades, además, brindan información de interés nacional a través de sus cuentas en redes sociales.

En su libro The New Digital Age: Transforming Nations, Businesses, And Our Lives, Eric Schmidt y Jared Cohen se refieren al mundo digital como una civilización incipiente que inevitablemente está moldeando cómo funciona la sociedad, pero donde las reglas aún no están claras. En Costa Rica, el Poder Judicial ordenó a la presidencia de la República a indemnizar a un tuitero bloqueado. En Estados Unidos, una jueza federal declaró inconstitucional que Donald Trump bloquee a usuarios en la red social por considerar que se violaba la libertad de expresión. Y, en el Perú, el Poder Judicial consideró en el 2016 que el bloqueo podría afectar el derecho al acceso a la información pública, luego de que el abogado Erick Iriarte presentara una acción de amparo contra el ex primer ministro Pedro Cateriano por bloquearlo en Twitter.

En este nuevo contexto, la legislación sobre libertad de expresión y de información en redes sociales está a la vuelta de la esquina. Pero, como en cualquier tema que concierne estas libertades fundamentales, elaborarla sin cuidado puede ser peligroso.