El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha denunciado penalmente al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y otros funcionarios ,por los presuntos delitos de atentado contra el derecho de sufragio; omisión, rehusamiento o demora en los actos funcionales; y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral, todo el agravio del Estado, el ente denunciante y la sociedad.

Creemos que la denuncia formulada por el procurador del JNE es pertinente y que debe llegar hasta las últimas consecuencias, a fin de conocer cómo es que se contrató a un proveedor que no fue capaz ni de llevar material electoral a locales ubicados incluso en el mismo distrito donde se ubican los almacenes de órgano electoral. Un papelón como este, con graves consecuencias, no puede quedar impune.

¿Hubo intencionalidad para perjudicar a algún candidato con mayores preferencias en Lima?, ¿existió una coima de por medio para contratar a una empresa incapaz de hacer bien su trabajo, y que ya había sido sancionada?, ¿fue negligencia? El ciudadano tiene derecho a saber todo esto durante la investigación y el proceso judicial.

Mientras tanto, debería buscarse el mecanismo para retirar del cargo a Corvetto, pues su presencia al frente de la ONPE no ofrece la menor garantía con miras a la segunda vuelta electoral prevista para junio próximo.