El Derecho, el Estado de Derecho, es sinónimo de orden. El orden es responsabilidad y la responsabilidad es el reverso de la libertad. La libertad responsable solo puede existir cuando el Derecho cumple con su misión: dotar a una sociedad de un orden predecible, de una técnica de gobierno que conduzca a la paz y el desarrollo. Por eso, el campo de los juristas no es un campo de batalla, por el contrario, el Derecho busca la paz, garantiza la paz, construye la paz social y propone soluciones racionales cuando la irracionalidad de la violencia intenta imponer sus falsos criterios.

Cuando el Derecho se politiza toda la sociedad peligra. La convivencia, el orden, la paz y el bien común se ven amenazados por la inoculación de la violencia política en el Estado de Derecho. La autoridad de los juristas es un freno ante los excesos de los políticos. En las sociedades más avanzadas, la autoridad del Derecho es, con frecuencia, la última barrera, el katejón real contra la tiranía del poder. Tarde o temprano, todo poder constituido tiene devaneos tiránicos. Y ante estas situaciones límite, el Derecho es la gran muralla contra la que se estrellan las ambiciones de los malos políticos.

La instrumentalización del Derecho equivale a su fin, es sinónimo de decadencia. Por eso es preciso luchar contra la politización de la justicia, buscando la independencia de los operadores jurídicos. Cuando los servidores del derecho se convierten en esclavos de la política todo está perdido. La justicia, el Estado, la convivencia, la paz social. Todo se destroza en una guerra civil absurda en la que no hay vencedores ni vencidos. Por eso, para restablecer el orden, para asegurar la libertad, urge regenerar el Derecho, recordando a jueces y fiscales que si quieren sobrevivir tienen que ser libres, independientes, capaces de frenar al poderoso de turno.