La Constitución establece que ningún acto del presidente de la república es válido si no cuenta con el refrendo ministerial, por lo que José María Balcázar, por más intención que tiene de indultar a Pedro Castillo, no podrá abrirle las rejas del penal Barbadillo mientras el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, se siga oponiendo a ese acto ilegal por donde se mire.

Sin embargo, es tanto el interés del mandatario por liberar al golpista condenado en primera instancia a 11 años de cárcel, que no sería extraño que en cualquier momento mande a su casa a Jiménez Borra, y lo releve por algún castillista o cerronista como acaba de suceder en las carteras de Educación y Promoción del Empleo, faltando apenas dos semanas para dejar el poder.

Balcázar, llevado a Palacio de Gobierno por las bancadas de izquierda que consideran a Castillo como un “preso político”, incluso se está valiendo de un mamarracho emitido por un grupo de trabajo de las Naciones Unidas, el cual es apenas una opinión –y absurda– no vinculante, para tratar de soltar a quien quiso instaurar una dictadura en el Perú.

Castillo y sus acólitos, incluyendo a su imitador Roberto Sánchez, están desesperados. Saben que el tiempo se les acaba el 28 de julio y quieren ver libre al golpista a como dé lugar. Es su única esperanza de seguir teniendo cierta vigencia en su afán por llegar al poder y destruir al país en nombre “del pueblo”.