¿Qué desorden ha generado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en las elecciones de octubre? Lo ocurrido confirma algo: en el Perú, las instituciones parecen estar de adorno. Los vacíos legales terminan pesando más que el espíritu de las normas.

El JNE no debió permitir postulaciones encubiertas. Si existían dudas sobre la legalidad de esas candidaturas, debieron resolverse antes de que comenzara el proceso. Sin embargo, permitió que los postulantes siguieran adelante y luego modificó las reglas con el partido en marcha. Las reglas electorales no pueden cambiarse durante la competencia y menos aún después. La certeza jurídica no es un formalismo: es una condición para que candidatos y ciudadanos confíen en el proceso.

Lo sucedido vuelve a poner en riesgo la democracia. Pero hay un daño más profundo: debilita la convicción de que algo funciona en el país. Cuando una autoridad actúa tarde y sus decisiones alteran las expectativas de quienes participan, la ciudadanía no cuestiona una resolución. Empieza a preguntarse para qué sirven las instituciones.

¿A qué nos estamos acostumbrando? ¿Al caos, a la ley del más fuerte, al “Perú del vivo” y a los vicios de quienes confunden la política con el reparto de prebendas? El hartazgo no nace de un episodio aislado. Se acumula cada vez que las reglas parecen flexibles para algunos y obligatorias para los demás; cada vez que la autoridad no previene el problema y luego pretende corregirlo cambiando las condiciones.

Esa sensación de abandono y desposesión puede marcar la vida política durante la próxima década. Recuperar la confianza exige decisiones oportunas, reglas estables y autoridades que respondan por sus actos. Sin eso, cada elección dejará menos esperanza y más ciudadanos convencidos de que aquí todo vale.