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El hecho de que se esté en contra de la decisión del expresidente Alan García, de evadir a la justicia solicitando asilo en la embajada de Uruguay en Lima, no significa que la gente en las calles tenga carta blanca para expresar su malestar con actos violentos, como el visto el domingo último en la puerta de la referida sede diplomática ubicada en San Isidro, donde permanece el líder aprista.

En Correo condenamos actitudes intolerantes y delictivas, como ha sido la agresión sufrida por el exministro Luis Alva Castro, por lo que esperamos que los atacantes ya estén siendo investigados para que respondan ante la justicia. Que hay indignación y malestar en muchos peruanos, es cierto y hasta justificado, pero de ahí no se puede pasar a la agresión física.

Lamentablemente, tenemos un sistema judicial que parece no actuar con la debida energía ante aquellos que buscan expresar sus válidas diferencias políticas a través del ataque, como si estuviésemos bajo el imperio de la ley de la selva. Recordemos que en junio último, un patrullero fue incendiado en pleno Centro de Lima durante una marcha en contra del Congreso y hasta ahora el atacante, pese a estar identificado, goza de total libertad.

La cuestionable actitud del expresidente García, o de cualquier otro político, no debe llevar a los peruanos a sacar lo peor de sí.

La violencia es absolutamente incompatible con la política y debe ser desterrada para siempre. Y si no es así, la autoridad policial y judicial deben de actuar de inmediato, que para esto existen las leyes.