Karl Loewenstein define la desvalorización como un episodio significado por dos acontecimientos. El primero es la falta de observancia consciente de la Constitución y se produce por incumplimiento de prohibiciones constitucionales. El segundo es la “erosión de la conciencia constitucional” en la sociedad, es decir fomentar rechazo hacia la carta magna.

Lo desarrollado viene ocurriendo en nuestro país desde 2011 pues se atribuye a la Constitución los males del país, cuando es el incumplimiento de sus normas las que determinan el estancamiento del país. En la actualidad, la crisis política es muy grave, lamentablemente se le resta importancia, por la portada criminal y las confesiones íntimas con micrófono abierto.

La división de poderes tradicionalmente concebida, ejecutivo, legislativo y judicial, también involucra a organismos constitucionalmente autónomos, como Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, etc. entre los que debe prevalecer equilibrio, controles, pesos y contrapesos, lo cual materializa nuestra existencia como un Estado indivisible. Las instituciones que deben velar por la seguridad ciudadana, como la Policía y Ministerio Público, tienen una larga disputa entre quien debe conducir la investigación preliminar, resultado de ello, se denuncia al Ministerio Público por una aparente desobediencia a la Ley 32130. Por su parte el Ministerio Público allana la vivienda del Ministro del Interior y cuestiona al Congreso por retardar los trámites de las denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía de la Nación, desatándose un fuego cruzado. Donde se exige coordinación y colaboración existe confrontación, produciéndose desvaloración de la Constitución, en perjuicio de todos.