La Mesa Directiva del Congreso se encuentra en una encrucijada, al tener que determinar hoy si se suspenderá la pensión vitalicia del expresidente Alberto Fujimori, la cual creemos que es ilegal. Esta situación ha desatado una gran polémica y generado un fuerte ruido político. Es imperativo que los congresistas dejen de lado los sesgos políticos y se enfoquen en lo que realmente importa: el criterio técnico y constitucional.

En apenas 11 días, en un proceso sumario, el Congreso evaluó y aprobó la pensión vitalicia para Fujimori. Sin embargo, parece que ahora los legisladores han recuperado la mesura y la objetividad necesarias para tomar decisiones tan importantes. La propuesta de suspender la pensión y consultar a especialistas en la materia es un paso en la dirección correcta. Esto permitirá que cualquier decisión futura tenga un fundamento legal sólido y evite caer en el terreno de la arbitrariedad.

Aquellos que resulten responsables de haber ordenado el pago de la pensión deben asumir las consecuencias administrativas e incluso penales, si se demuestra que actuaron de manera indebida. No obstante, lo crucial en este momento es despejar cualquier duda y permitir que los constitucionalistas definan el curso de un tema que ha reavivado odios y enfrentamientos históricos.

La importancia de esta decisión trasciende el caso específico de Fujimori. El Congreso tiene la responsabilidad de demostrar que sus acciones están guiadas por el respeto a la legalidad y no por intereses particulares o presiones políticas.