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Desde el pasado mes de mayo, el destino político de la presidenta del Brasil suspendida, Dilma Rousseff, depende enteramente del Senado de su país. En esta cámara alta se viene realizando el denominado juicio político para decidir su destitución o su restitución en el cargo. Ya van tres meses de intensas diligencias y recientemente una comisión senatorial con 14 votos a favor, 5 contra y una sola abstención que corresponde a su presidente, ha emitido un informe que, para mala suerte de Dilma, acaba de ser aprobado allanando el camino de su eventual defenestración de la más alta investidura gubernamental en el gigante sudamericano.

Lo que le pase a Rousseff impactará en el país y lo que le pase a Brasil repercutirá en la región. Eso es innegable. De allí que debemos prestarle mucha atención a lo que suceda próximamente con el desenlace del juicio. Para que Rousseff realmente quede fuera tendrá que conseguirse los 2/3 de votos, es decir, una mayoría calificada del número total de senadores que son 81. De tal manera que con 54 votos, Rousseff sería sepultada políticamente aunque esa condición suele quedar relativizada, porque ya hemos visto como de la nada los políticos suelen levantarse.

Por ahora, lo real es que no estará en su condición de mandataria para la inauguración de los juegos olímpicos de Río 2016, que será mañana, y eso sí debe estar lamentándolo. Es verdad que el país no está pasando por el mejor momento de su vida nacional y eso se siente. La Policía tuvo que desbaratar hace pocos días a varios sospechosos de terroristas. El clima político y de seguridad es complicado para Brasil. Si acaso la destitución de la presidenta comienza a tomar forma, es muy probable que Dilma comience a evaluar la posibilidad de la renuncia, una decisión que siempre será menos traumática que el referido desafuero político.