​Dineros limpios en los procesos electorales

A menos de dos meses de las elecciones municipales y regionales, vuelve al debate el tema del financiamiento de gastos en las campañas de candidatos. En algunos casos, estas son austeras y en otros sorprende la fuerte inversión que realizan determinados personajes, según se observa siempre.

Durante años, se sabe que dinero sucio proveniente de la minería ilegal, el narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando y otros contamina procesos electorales, cumpliendo sus nefastos objetivos de colocar a personas controvertidas y cuestionadas en cargos públicos.

Las acciones para conocer la procedencia de estos fondos ilícitos fueron timoratas y lo que existe parecen simples saludos a la bandera, sin capacidad fiscalizadora ni sancionadora.

Los partidos, movimientos o grupos políticos en la actualidad, luego de participar en un proceso electoral, presentan su reporte de gastos y al año un informe a la ONPE. Eso es todo.

Por ello, en el marco de la reforma política que promueve el Ejecutivo, es importante apurar la consulta popular y legislar en este aspecto, estableciendo como requisito obligatorio que los aportes sean recibidos a través del sistema financiero y aquellos no declarados sean calificados como fuente prohibida, menos los que son anónimos.

Así se desterrarán los famosos compromisos asumidos por futuras autoridades para direccionar licitaciones en favor de determinados financistas de campañas, o para trabajar según intereses particulares y no los del pueblo. Avancemos en esto por la transparencia política.