Firmemente convencida y sin entrar en el terreno de las ambigüedades, la presidente constitucional del Perú, Keiko Fujimori, dio un discurso de asunción realista, sin declaraciones demagógicas. Según Fujimori, las características del Estado peruano son calamitosas, el desproporcionado e injustificado incremento del aparato burocrático estatal, genera pérdidas de recursos, además de ser un torpe obstáculo para los ciudadanos y de no elevar las condiciones de vida de absolutamente nadie. Advirtió, además, que combatirá con firmeza la inseguridad alimentaria y la anemia infantil; males gravísimos que afectan el desarrollo cerebral normal y que constituyen un acto de injusticia social, ya que, como señala el primer artículo de nuestro ordenamiento constitucional, “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Otro mal que debe ser extirpado de raíz de forma inmediata es el espantoso incremento del crimen en todas sus variantes. Fujimori reconoció que la delincuencia común y el crimen organizado llevan en su interior el germen de la desgracia y la calamidad social. Sobre este asunto en particular, recordemos con especial simpatía una expresión de un filósofo que no suele ser citado en materia política. Nos referimos a Baruch Spinoza. En su obra póstuma Tratado político de 1677, dice que “la virtud propia del Estado es la seguridad”. Esto implica que las leyes no deben ser violadas ni despreciadas, que la vida de una comunidad política no debe ser hostil y que la coexistencia debe ser pacífica, entre otras virtudes. Fujimori exigió ser juzgada por su mandato y eso haremos.