La respuesta del gobierno al inicio de la pandemia, además del severo confinamiento y medidas en salud, se dirigió a mantener la cadena de pagos. Para ello se dieron bonos familiares, préstamos a las empresas mediante Reactiva Perú y se negociaron préstamos internacionales, etc. Se contaba con los recursos económicos gracias a un manejo fiscal responsable que se implementó a partir del modelo económico de la Constitución de 1993. No obstante los recursos, el manejo de la pandemia trajo como resultado el desastre.

Durante el presente siglo habíamos crecido aproximadamente un 5% anual, las reservas peruanas pasaron de 8.180 millones de dólares a 68.316 millones, se mantuvo controlada la inflación en 2,6% anual, un déficit menor al 2% y se redujo la pobreza del 60% de la población a solo 20%.

Las ventajas de la estabilidad macroeconómica han sido útiles. Sin embargo, muchas necesidades se han mantenido vigentes en diversos sectores de nuestra sociedad. Es necesario romper la inercia del “piloto automático” iniciado a mediados del gobierno pasado. Lo que ocurra postpandemia, será muy complejo. Se estima que siete millones de peruanos se quedarán sin trabajo.

En medio de esta dramática situación, el inaceptable cálculo político de los que culpan de todos los males al modelo económico, siempre con el doble discurso, dicen no a la vacancia porque “desestabiliza al país”, pero quieren una nueva Constitución con un “Estado-empresario”.

En 2019, el gasto del sector estatal fue de US$ 65 000 millones, un tercio del PBI, y así quieren más Estado. Recordar que durante la dictadura de Velasco se crearon 175 empresas públicas, se incrementó planilla pública en un 83 %, se aumentó deuda pública de 15% al 48% del PBI (según BCR), se redujeron hasta en tres veces los ingresos del peruano, aumentó el desempleo, subempleo y pobreza, y de ser un país exportador de alimentos pasamos a importar.

El Perú no está para usar recetas fracasadas. Se necesita experiencia, planes y programas consistentes que reivindiquen la dimensión social dentro del modelo de economía social de mercado, dispuesto en nuestra Constitución.