Las democracias no se erosionan solo por grandes rupturas institucionales. Tambien se degradan por conductas inaceptables desde el poder. Los registros oficiales sobre el ingreso de jóvenes mujeres profesionales al despacho presidencial en horarios nocturnos y de madrugada, así como la posterior obtención de contratos estatales para ellas, configuran un problema grave de ética pública y abuso de poder, aun antes de cualquier investigación penal. El punto central no es el morbo ni la vida privada. Es el abuso del poder. El despacho de la Presidencia de la República no es un espacio informal ni neutro. El ejercicio del poder de noche, en un espacio cerrado y fuera de los horarios administrativos, acentúa la asimetría entre quien gobierna y quien inicia su vida profesional. En ese contexto, hablar de consentimiento y de igualdad de condiciones es una ficcion. Aquí hay un daño de género que no puede ignorarse. Las jóvenes involucradas han sido expuestas y estigmatizadas públicamente, el foco mediático ha recaído sobre ellas y no con la misma contundencia sobre quien ostenta el máximo poder. El uso de términos degradantes para referirse a mujeres profesionales constituye violencia simbólica y revela un sesgo que los medios deben corregir. Quien ocupa la cúspide del Estado tiene un deber reforzado de cuidado, de prudencia y de ejemplaridad. Cuando ese deber se incumple, el daño no es individual: es colectivo y lesionala confianza ciudadana. Corresponde al Congreso ejercer su función de control y de sancionar claramente. Y a los medios informar con rigor, sin reproducir estigmas ni desplazar la responsabilidad hacia quienes tienen menos poder. En una democracia es inaceptable la nocturnidad del ejercicio de la Presidencia. Hay conductas que, por sí mismas, deslegitiman. Y sancionarlas es la única forma de proteger la dignidad de las personas.