El Ministerio Público ha abierto una investigación “contra los que resulten responsables” de las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a cargo del cuestionado Adolfo Castillo, a fin de favorecer la inscripción de la agrupación que encabeza el excongresista José Luna.

Sin embargo, en esta investigación es vital que los fiscales a cargo actúen con total celeridad, pues de nada valdrá que sus conclusiones, si es que son acusatorias, se den luego del proceso electoral que tenemos en octubre próximo. No pueden dejar a la ONPE en manos de una persona que más tarde podría estar ante el Poder Judicial. Si hay irregularidades o no, tenemos que saberlo de una vez.

Tengamos en cuenta que estamos ante acusaciones muy graves que no se centrarían solo en la actual gestión de la ONPE, sino también en algunos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que eligieron a Castillo para el puesto. Las pesquisas también tendrían que apuntar hacia esa entidad.

No podemos tener un proceso electoral a cargo de gente que al menos por ahora tiene sobre sus cabezas una sombra de serias dudas, salvo que se quiera deslegitimar una elección que nos dará nuevas autoridades regionales y municipales que estarán cuatro años en funciones. Las elecciones tienen que ser limpias, y con una ONPE cuestionada eso es imposible.