Ahora que la concesionaria Rutas de Lima ha anunciado la próxima alza de las tarifas del peaje en las entradas y salidas de la capital, vuelve a aparecer sobre nuestras cabezas el fantasma de la corrupta gestión edil de Susana Villarán, ese otrora ídolo de la izquierda peruana que en la práctica fue sobornada con millones de dólares sucios por parte de los delincuentes de la empresa Odebrecht, que hasta hoy forma parte del consorcio al que le pagamos todos los que circulamos por sus casetas.

El contrato entre la Municipalidad de Lima bajo la gestión de Villarán y la concesionaria, que permitirá que el precio del peaje suba de 6,5 a 7,5 soles, se suscribió en tiempos en que la entonces alcaldesa realizaba una millonaria campaña para salvarse de ser revocada por ineficiente. Eran inicios del 2013 ¿Quién pagó esos gastos? ¿Quién financió los honorarios de los asesores extranjeros y de los inmensos paneles con la imagen de conocidos artistas? Pues, la plata sucia de Odebrecht.

Hoy ese contrato con olor a corrupción sigue vigente y no hay forma legal de dejarlo sin efecto, al menos mientras no haya sentencia contra los responsables, por lo que todos los limeños tendremos que respirar hondo y seguir pagando a pesar de la indignación, todo en nombre de la gestión corrupta de quien ha aceptado el delito de recibir dinero por debajo de la mesa de parte de un proveedor de la Municipalidad de Lima, lo que no es más que una vil coima.

Lo irónico es que la principal responsable de estos hechos, la exalcaldesa Villarán, está libre. Estuvo un tiempo bajo arresto preventivo, pero durante la pandemia salió, algo que desde este espacio apoyé debido a su edad y al riesgo que corría su vida. Sin embargo, han pasado casi cinco años desde que confesó públicamente su condición de corrupta y hasta el momento no hay sentencia ni siquiera en primera instancia. ¿Es así como se combaten las metidas de mano a los bolsillos de los peruanos?

El actual burgomaestre limeño, Rafael López Aliaga, ha tratado de traerse abajo los peajes incluso apelando a la demagogia. Entiendo que recoge el malestar de muchos de los habitantes de la capital, pero mientras no haya sentencia contra los corruptos que firmaron la concesión, no se puede hacer nada. ¿Qué espera el Ministerio Público? ¿Por qué la hace tan larga? ¿Qué corona tienen los que fueron parte de esa gestión municipal que además fue totalmente ineficiente para la ciudad?