Los cerca de 300 muertos en las cárceles en Ecuador en menos de un año -recientemente fueron 68-, además de la ausencia de verdaderas políticas penitenciarias en ese país -también pasa a la mayoría de los Estados de América Latina-, se debe a la errada conceptualización de la justicia ecuatoriana sobre el rol de las Fuerzas Armadas en situaciones complejas que ameritan el establecimiento del régimen o estado de excepción que también existe en el Perú y otros países de la región.

En efecto, los militares del hermano país del norte, por más que quisieran, no pueden actuar durante el estado de emergencia previsto en la Constitución Política de Ecuador, lo que en las actuales circunstancias de infierno que se vive en los referidos recintos penitenciarios ecuatorianos, significa que no pueden ingresar en las cárceles. Es un completo despropósito. No es posible que por una completa falta de juicio crítico desde el derecho, los magistrados ecuatorianos no permitan que los militares asuman el activo del acto coercitivo (amenaza o advertencia legítima) y del coactivo (uso de la fuerza o violencia legítima) en el marco de un estado de emergencia.

Observo que permitirlo se ha vuelto un asunto demagógico sosteniendo su exclusión, como si fueran ajenos a esa realidad, casi como extraterrestres. Mientras las cárcel de Guayaquil sigue imponiéndose la ley de la jungla y la idea de la sobrevivencia en medio del imperio de las drogas y otras mafias, se ha convertido en un asunto de impotencias para el propio Estado, los militares se hallan en la marginalidad porque cunde la idea como en Perú, de que “no están preparados” para actuar, y cuando realmente lo hacen yacen estresados porque pueda imputárseles responsabilidad por sus actos en medio de una sociedad que no los empodera como también pasa en Perú y otros países de la región.

En un estado de emergencia SIEMPRE las Fuerzas Armadas deben intervenir. Pero tanto en Ecuador como en nuestro país, se viene decidiendo que lo hagan solamente APOYANDO a la Policía Nacional. Es al revés. Durante el referido estado de emergencia, entendámoslo, las FF.AA. no apoyan sino asumen el activo del control social, y los gobiernos deben confirmar esta correcta conceptualización que en esta columna busco llamar la atención para que sea corregido y no se imponga la barbarie.