Lo ocurrido en el Liceo Naval expone carencias que, como sociedad, hemos tolerado durante demasiado tiempo. De un lado, la inexistente respuesta del colegio frente a una denuncia que, a la luz de la difusión de otros casos en redes sociales, no seria un hecho aislado, es lamentable y sospechosa. Demuestra que el control institucional del colegio, y si, de la Marina de Guerra, falló.

De otro lado, debe revisarse la eficacia del sistema “SíseVe” del Ministerio de Educación. Una plataforma que registra denuncias, pero no garantiza respuestas oportunas, justicia ni aprendizajes correctivos, termina convertida en un archivo de violencia. El sistema educativo no puede limitarse a contabilizar casos: debe prevenirlos, investigarlos y corregir las condiciones que permiten el racismo, la discriminación y el abuso.

Finalmente, las familias debemos preguntarnos qué estamos enseñando en casa a nuestros hijos. Ninguna broma, o “chacota” puede confundirse con una agresión sexual, ¿en qué cabeza? Preocupa que compañeros no intervinieran y que los adultos presentes tampoco lo hicieran. En pequeña escala, ese bus refleja al Perú de hoy: la violencia ocurre ante nuestros ojos mientras demasiadas personas guardan silencio.

La víctima y su familia merecen verdad, protección y justicia; los responsables, una sanción conforme a ley; y el Estado, reaccionar con firmeza. Este caso no debe archivarse ni diluirse. Debe marcar un punto de inflexión: un país donde la justicia alcance a todos y donde cada acto tenga consecuencias. Solo así podremos convertir la indignación en reformas duraderas y asegurar que ninguna víctima vuelva a quedar sola frente al silencio institucional. A la víctima y su familia: no están solos.

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