Hay que reconocer que cuando se trata de personas asociadas a actos de narcotráfico o espionaje, Estados Unidos suele dar en el blanco y no desiste de su objetivo hasta lograrlo. La decisión de Washington de congelar las cuentas del vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, al involucrarlo en una red internacional de narcotráfico, ha provocado la virulenta reacción de Caracas, como era evidente. Pero veamos el asunto de fondo. En la hipótesis de que altos funcionarios del gobierno chavista estén involucrados en drogas, es muy probable que la consecuencia sea tomar medidas durísimas. No sería la primera vez que personas cercanísimas a Maduro sean comprometidas con el tráfico ilícito de drogas. Dos sobrinos de la esposa del dictador venezolano fueron detenidos en Haití (2015) cuando intentaban ingresar precisamente a EE.UU. un cargamento de droga que jamás supieron explicar. Lo que parece claro para la DEA y para el Departamento de Estado es que Venezuela se habría convertido en el escenario ideal para sacar la droga colombiana hacia mercados dentro de EE.UU. y Europa. Una confirmación de la colusión gubernamental podría dislocar al gobierno de Maduro. Es verdad que las condiciones para ingresar a Panamá y llevarse preso al dictador Manuel Antonio Noriega, también por narcotráfico, a fines de los años 80, fueron únicas. Hacerlo en la Venezuela de hoy podría convertirse en una tragedia. Pero Maduro debe ser consciente de que el gobierno de Donald Trump lo tiene reglado. A mayores sorpresas que pudieran surgir en el camino, las sanciones pueden extenderse y la eventual calificación de Venezuela de narcoestado -hoy no la tiene-, donde todo el aparato estatal se halla controlado por el régimen, es muy probable que apresure los procesos políticos pendientes.