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La reciente tragedia de Miami, que ha enlutado a 18 familias, trae al debate en los EE.UU. la reforma o la derogación de la Segunda Enmienda a la Constitución de ese país, que brinda protección al derecho ciudadano de poseer y portar armas. Se trata de la defensa a la denominada “Bill of Rights” o sencillamente Carta de Derechos estadounidense. Ha sido tan pétrea esta enmienda que ningún poder político federal ha podido acabarla y hasta en dos ocasiones la respetadísima Corte Suprema también defendió su vigencia con sentido de utilidad. Con la calificación de país vulnerable por los atentados terroristas que movieron a la sociedad norteamericana luego del ataque de Al Qaeda a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono en el 2001, mucha gente, principalmente joven, decidió “armarse” frente a la nueva realidad; de esa manera, la enmienda se volvió una suerte de chaleco antibalas para una sociedad traumada por el impacto del ataque liderado por Osama Bim Laden. La tenencia de armas, con los años, se volvió inmanejable y masacres como la sucedida en el colegio en Florida se han venido repitiendo en ese país. El tema no podía pasar desapercibido y, por esa razón, fue objeto de debate en las últimas elecciones presidenciales. Mientras el entonces candidato Donald Trump defendía a morir la enmienda, su rival demócrata Hillary Clinton buscaba denodadamente su abolición. Las masacres con armas de fuego en las escuelas estadounidenses hasta ahora no pueden ser neutralizadas y esa realidad sí que constituye una tragedia que también pone al descubierto las fracturas en las familias de Estados Unidos. El asunto de fondo no ha sido combatido y, por lo menos para iniciar esa ardua tarea, será conveniente tomar la decisión de restringir los alcances de la mencionada enmienda, así como realizar los controles denominados “background checks”, que fueron propuestos por Barack Obama.