El antejuicio político

Los altos funcionarios del Estado deben ser sometidos al procedimiento de antejuicio político para ser investigados por delitos cometidos en el ejercicio de su función. A través de este mecanismo, el fuero parlamentario, ante la solicitud de la Fiscalía de la Nación, determina si existen elementos suficientes para la procedencia de una denuncia constitucional. El Congreso, a propuesta de la Comisión Permanente, determina si en la denuncia existen connotaciones políticas, con el afán de lesionar al funcionario al que se denuncia o, por el contrario, si hay elementos suficientes para investigarlo en el fuero penal ordinario. Esta protección tiene una vigencia de cinco años después del cese de sus funciones. Por este mecanismo transitó el exjuez supremo César Hinostroza, y se aplicará también a los excongresistas Javier Velásquez y Marvin Palma, a quienes esta semana la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso formulación constitucional por el delito de tráfico de influencias en el caso "Los Temerarios del Crimen". El nuevo Congreso deberá revisar este procedimiento. Varias acusaciones constitucionales formuladas por la Fiscalía de la Nación se manejaron irregularmente tanto en la Comisión Permanente como en el pleno. Existe una sensación de impunidad a favor de funcionarios vinculados al Poder Legislativo, por ejemplo, el caso del fiscal Pedro Chávarry Vallejos. Ningún alto funcionario, de los tres poderes del Estado, debe estar exceptuado de responder por actos irregulares cometidos en perjuicio de la institución y de su país.