Suena apocalíptico lo que el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura Vasi, prevé tras la aprobación por insistencia del Congreso de la exoneración permanente del descuento a las gratificaciones. De ser así, no solo el Legislativo deberá asumir su responsabilidad, sino también el Ejecutivo por su falta de tino a la hora de comunicar los riesgos de la norma. ¿Y la población? Desconcertada en el medio de estos dos poderes.

El responsable de mantener la estabilidad económica del país augura un forado en el fondo de pensiones, la posible quiebra de EsSalud, el mal uso de las CTS y hasta un mayor impacto fiscal en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. O sea, en los próximos años será el Estado el que cargue con las cuentas en estos sectores liberando a los contribuyentes de sanearlas. Suena bien, ¿no?

Sin embargo, cuesta creer que Alonso Segura se equivoque y que los congresistas no. Cuesta creer que vamos camino al precipicio financiero por la exoneración permanente de los descuentos a la “grati”, pero preocupa más que los parlamentarios tengan un análisis distinto de la situación. ¿Quién le está mintiendo al país? ¿A quién le conviene esta presunta metida de pata? ¿Por qué no se permitió el ingreso de los ministros para que expliquen su propuesta?

Un indicio que me llamó la atención es que los legisladores nacionalistas Daniel Abugattás, Walter Acha, Celia Anicama, Omar Chehade y Jaime Valencia votaron ayer a favor de la mayoría del Congreso, en contra de la posición del resto de sus compañeros de bancada que, al parecer, coordinaron a última hora con el Ejecutivo. ¿Qué saben ellos que la población aún no?

Ojalá que ese sueldo íntegro que vamos a recibir -y que el Ministerio de Trabajo debe fiscalizar que se cumpla en todos los sectores- no sea una medida populista más que técnica; que no sea excusa para que EsSalud empeore su servicio -si es que puede ser peor-; y que, sobre todo, se haya tomado un exhaustivo análisis de su repercusión.