En el año 2023, escribí varios artículos en los que señalaba que defender la institucionalidad no era sinónimo de defender actos “ilegítimos” de funcionarios pertenecientes a instituciones “legitimas” y critiqué abiertamente la “bondadosa” interpretación que había dado la anterior Junta Nacional de Justicia a la ley y a la Constitución para favorecer la extensión del limite de edad de una de sus integrantes y de otro lado, la forma precipitada como esa misma Junta Nacional de Justicia, había acusado a la Fiscal de la Nación, sin que mediara un elemental proceso previo de investigación y por “dichos” de otros. Señalaba en mis reflexiones de entonces, que las acusaciones que habían recaído sobre la fiscal de la Nación Patricia Benavides resultaban serias y que debían ser investigadas y que, en caso de comprobarse su veracidad, recién debía aplicarse la sanción que correspondiera, pero que no resultaba licito sancionar a nadie sin investigar. Hacerlo, constituía una flagrante violación a la presunción de inocencia de la agraviada y a sus derechos constitucionales.
No hacía falta ser abogado para entender que, en este escenario revuelto y turbio, en esta fiesta de acusaciones sin par, mi tesis era la correcta. Ahora, siento que constituyen una bocanada de aire fresco las recientes resoluciones que ha emitido el Tribunal Constitucional: Por un lado, el anuncio de la reposición del juez supremo titular Aldo Figueroa a su puesto, al haberse considerado que la Junta Nacional de Justicia no cumplió con el “debido proceso” al haber abierto un procedimiento disciplinario sin haber realizado una investigación previa para determinar posibles sanciones y por otro, (con el mismo impecable razonamiento y argumentación) declara inconstitucional el procedimiento disciplinario, inmediato y express que impuso la misma JNJ para suspender a la fiscal de la Nación.
En ambos casos se impone la cordura y el retorno a la legalidad y se catapulta el principio oscuro de que la política ha invadido la justicia y la justicia se ha politizado sin rubor. El respeto a la legalidad es un requisito, que duda cabe, para consolidar la democracia. ¡Bravo TC! Emulando a Sun Tzu en “El arte de la guerra”, esto se llamaría algo así como ganar una nueva batalla y trapear el piso con la corrupción.