Opinión

El asilado Assange y la fuerza del derecho interno

Columna de Miguel Ángel Rodríguez Mackay

12 de Enero del 2018 - 07:01 Miguel Ángel Rodríguez Mackay

Ecuador acaba de otorgar la nacionalidad al australiano Julian Assange, el creador de los WikiLeaks, actualmente asilado en su Misión diplomática en Londres desde el 2012. Hacerlo es un acto de su soberanía, una cualidad exclusiva de los Estados y que es inoponible, es decir, nada ni nadie puede revertir la decisión de Ecuador porque nada ni nadie puede ingresar en su derecho interno. Lo mismo sucedió cuando este país decidió conceder asilo al propio Assange que sorteando un arresto domiciliario en Londres, por una denuncia en Suecia donde le imputaron el delito de abuso sexual, ingresó en la Embajada ecuatoriana que lo protegió. Estocolmo quería extraditarlo y se presumía que luego lo entregaría a la justicia estadounidense para que lo juzgue por la revelación de informaciones secretas. También el asilo otorgado a Assange es una prerrogativa del Estado ecuatoriano que se conserva intacta y pétrea. Corrió el absurdo e insostenible rumor en esa ocasión de que el gobierno del Reino Unido tenía pensado asaltar la Misión de Quito y ya vimos que nada pasó porque la decisión ecuatoriana es inoponible, dado que correspondió a un acto de su plena soberanía, además que las embajadas, conforme la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 son inviolables, es decir, ninguna fuerza tutelar del Estado donde yace acreditada la Misión puede ingresar en su sede.

La Embajada estadounidense en Teherán fue asaltada (1979) por una turba de radicales islámicos adictos al ayatola Jomeini, nunca por la Policía ni el ejército iraní. Tampoco pudo hacer nada Manuel A. Odría para ingresar en la Embajada de Colombia en Lima, donde fue asilado Víctor Raúl Haya de la Torre (1949), o si prefiere Colombia para que el líder del APRA pudiera dejar el país rumbo a Bogotá, a pesar de que el caso fue llevado a la Corte Internacional de Justicia. El ius imperium del Estado, que es la fuerza de la autoridad estatal, siempre es superior a cualquier otra fuerza sea nacional o internacional, y no es incompatible con el pacto de convivencia internacional armonizado que conocemos.

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