A diferencia de los congresistas y la presidencia de la República, la legitimidad de los jueces no proviene del voto popular sino de su auctoritas: un saber jurídico socialmente reconocido. Por eso, la tentación del activismo judicial —pretender corregir desde el estrado la oportunidad o conveniencia de las leyes— desnaturaliza la separación de poderes.

El autocontrol judicial (judicial self-restraint) no es pasividad, sino equilibrio democrático. Los tribunales no son una “super-legislatura”. Si una norma es polémica pero constitucional, su corrección corresponde al debate parlamentario. No obstante, el respeto a la competencia legislativa no implica renunciar al control frente a vulneraciones al contenido de los derechos humanos. En ese sentido, para evitar que los procesos constitucionales sean una trinchera política o tercera instancia, la judicial review exige unos filtros: conflicto real, perjuicio directo (injury in fact) y agotamiento de vías previas; sin embargo, estos filtros no deben convertirse en formalismos que generen denegación de justicia ante afectaciones graves e irreparables.

En el Perú, aplicar con rigor los filtros procesales protege la gobernabilidad e impide un gobierno de los jueces ajeno al control democrático. En un escenario de fragilidad institucional donde el debate parlamentario puede flaquear, el equilibrio exige un juez tan prudente como firme frente al exceso normativo. El autocontrol judicial no debilita los derechos; los fortalece al recordar que la prudencia distingue la labor judicial.

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