En febrero del 2007, el gobierno del extinto presidente Alan García dispuso vender el avión presidencial. Dijo que el dinero que se recaudaría por la venta, sería destinado al Instituto Nacional de Salud del Niño. Antes, el presidente Alejandro Toledo lo había utilizado de mala forma, dejándole el triste recuerdo de “avión parrandero”. Ambos se dieron cuenta, tiempo después, de lo necesario que era el avión.
La venta del avión presidencial nuevamente suena. Este populismo otra vez se presenta en nuestra realidad pendular, con el ofrecimiento del actual presidente de vender el avión para apoyar a las niñas y niños.
Le recomiendo a los asesores de palacio: díganle al presidente que el referido avión no es de él, que el avión presidencial no está en los cargos de Palacio de Gobierno, ni de la Casa Militar. Esa aeronave es de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Es patrimonio y capacidad de nuestra FAP. Que le digan “presidencial”, es porque está adecuado para atender los requerimientos que por su investidura le corresponde al presidente, pero no es de él. Todos estos populismos baratos terminan siendo carísimos para la Nación. Además, el hecho de ser la máxima autoridad política del Perú, no lo faculta a vender las capacidades de las FF.AA.
Debemos recordar también que durante la fase más crítica del COVID en el Perú, ese avión se usó mucho para evacuaciones de pacientes, especialmente de Iquitos. Los aviones Boeing nos resultan muy útiles y económicos si consideramos las variables hora de vuelo y tiempo de vuelo. Cuando se trata de pasajeros es mucho más rentable.
Si el presidente se empecina en hacerlo, desoyendo a los especialistas técnicos y judiciales, tendrá primero que esperar que la FAP manifieste técnicamente que no lo necesita; y segundo, van a venderlo a un precio bajísimo, que a la postre nos resultará caro a todos los peruanos.
Este avión tiene pocas horas de vuelo y pocos ciclos de rutina, en comparación con otras aeronaves. Venderlo sería lamentable. Si el señor presidente no lo desea, que deje que la FAP le dé otro uso. Nuestra vasta geografía y pueblos alejados lo necesitan.
Recuerden que esa “venta” –no ahora, sino después– será tipificada como “afectar patrimonio del Estado”, aunque ahora los corifeos no se lo digan al presidente.