A un mes haberse cumplido el primer año del asesinato por racismo en Minneapolis, Estado de Minnesota (EE.UU.), de George Floyd, de raza negra, por Derek Chauvin, policía de ese condado estadounidense que lo mantuvo inmovilizado hasta asfixiarlo, la justicia lo ha sentenciado a 22 años y medio de cárcel. Por lo menos dos tercios de la condena serán efectivos, debiendo pasar en prisión 15 años, pues los otros siete serán elegibles para una eventual libertad vigilada. Sigo creyendo que la pena impuesta ha sido insuficiente y que la naturaleza intencional (dolosa) en la conducta de Chauvin debió ser más valorada por el juez para imponer sanciones mayores como se ha hecho en otros casos en los que las decisiones judiciales llegaron hasta los 35 o 40 años de cárcel efectiva. Es verdad que en el derecho penal cada caso es único y distinto del otro y que en EE.UU., las leyes se dictan según el Estado donde se cometa el delito. En lo inmediato, se ha dictado castigo efectivo desde el mismo instante en que se ha producido la lectura de la sentencia condenatoria de ayer y creo que ello atenuará la irá nacional de justicia por el crimen cometido. El trágico episodio puso en primera plana el inacabable racismo en el tantas veces jactado país de todas las sangres y que no se puede negar que se trata de una realidad recurrente, penosamente histórica y estructural en EE.UU. Recordemos que durante la Guerra de Secesión (1861-1866), fueron los rebeldes confederados racistas los que se enfrentaron a los Estados unionistas en un país que estaba en pleno proceso de afirmaciones nacionalistas. Los esfuerzos de algunos pocos presidentes como Abraham Lincoln o John F. Kennedy -los dos asesinados-, que asumieron el tema del racismo frontalmente para combatirlo, la lucha del activista Martin Luther King, también asesinado, o la elección de Barack Obama como el primer mandatario negro en la historia estadounidense, no han podido frente a un problema de complejidades históricas. Por lo pronto, está pendiente que en el Capitolio sean aprobadas leyes sobre racismo, discriminación y violencia policial que realmente protejan a los más de 40 millones de ciudadanos negros.