Opinión

El Congreso sí puede regular la cuestión de confianza

Se equivocan quienes desconocen al Congreso la facultad de regular el procedimiento en cuestión

18 de Marzo del 2018 - 08:20 Rolando Sousa

El Congreso de la República aprobó la modificación del inciso “e” del artículo 86° de su propio reglamento, que regula el procedimiento que debe seguirse cuando el presidente del Consejo de Ministros o un ministro plantea una cuestión de confianza, distinta a la que se plantea con ocasión de la investidura ministerial (regulada por el artículo 82° del referido reglamento).

Varios “constitucionalistas”, conocidos por oponerse a toda reforma que aprueba el actual Congreso, rechazaron la modificación señalando que “el Congreso ha asumido competencias normativas que no tiene”, ya que, por tratarse de un mecanismo cuyo ejercicio la Constitución le confiere al Ejecutivo -en contrapeso al de la censura conferido al Legislativo-, no puede ser recogido en su reglamento, sino, en todo caso, corresponde ser aprobado por una norma emanada del Ejecutivo.

Se equivocan quienes desconocen al Congreso la facultad de regular el procedimiento en cuestión. Todos los procedimientos de control político los regula el reglamento del Congreso, y son: la investidura del Consejo de Ministros; la interpelación de los miembros del Consejo de Ministros; la invitación a los miembros del Consejo de Ministros a informar; la estación de preguntas y respuestas; y la moción de censura y cuestión de confianza.

En todos ellos, el reglamento del Congreso ha desarrollado las reglas que corresponden a su ejercicio, en armonía con el precepto constitucional que los regula; y allí donde la Constitución no establece disposición expresa, el reglamento lo ha establecido, sin propiciar controversia alguna, como sucede con la oportunidad del debate de la cuestión de confianza, sobre la que se ha estipulado que “será debatida en la misma sesión que se plantea o en la siguiente” (último párrafo del inciso “c” del art. 86°). En la lógica de los detractores de la norma modificada, tampoco correspondería al Congreso establecer la oportunidad de su debate en el pleno, lo que constituye un despropósito evidente.