Si el ministro de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Julio Demartini, continúa en el cargo en medio del escándalo de los alimentos no aptos para el consumo humano entregados a los beneficiarios del programa Qali Warma, no solo es por decisión de la presidenta Dina Boluarte, sino también del Congreso, que se abstuvo de censurarlo a pesar de los graves señalamientos.

En diciembre último pudieron mandarlo a su casa, pero en las dos votaciones realizadas en horas de la madrugada, Demartini fue salvado por este Congreso que ahora no tiene ninguna autoridad para cuestionar a este personaje que está inmerso en un caso en que de por medio está la misteriosa muerte de un cuestionado proveedor de alimentos dudosos al mencionado programa social.

A ese se suma que el fin de semana último la Fiscalía de la Nación ha iniciado diligencias preliminares contra Demartini por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y negociación incompatible, tras denuncia de que César Guillén, con cercanía al MIDIS, estuvo ofreciendo sobornos a testigos del caso Qali Warma.

Es de esperarse que en las próximas horas, el ministro Demartini sea separado del cargo. Sin embargo, el Congreso tiene mucho que explicarle a los peruanos por haber mantenido en el cargo a dicho funcionario que hace tiempo, apenas se denunció la entrega de alimentos en mal estado, debió ser echado por su, al menos, responsabilidad política.