Opinión

​El costo de Chinchero

El gobierno estaría por celebrar una adenda al contrato de concesión del Aeropuerto de Chinchero

28 de Enero del 2017 - 08:08 María Cecilia Villegas

Las APP son mecanismos diseñados para facilitar la inversión, usando la eficiencia y recursos del sector privado para el desarrollo de obras de infraestructura y la prestación de servicios. Así, el Estado transfiere los riesgos al privado y libera recursos, lo que le permite que el valor por dinero sea mayor al de la obra pública. Permitiéndole, además, utilizar los recursos que iba a destinar a esa obra en alguna otra. Mientras que en una obra pública, el Estado asume los riesgos al poner el dinero y contratar a una empresa constructora para que haga la obra.

Un reporte del FMI reconoce que las APP, cuando son usadas eficientemente, pueden significar importantes ahorros comparadas con inversiones públicas. Esto por cierto dependerá de la habilidad del Estado para trasladar los riesgos, generar incentivos apropiados y reducir los costos del proyecto.

Sin embargo, tal como ha sido desarrollado el marco legal de las APP en varios países, incluido el Perú, como sostiene José Luis Guasch, propicia las oportunidades para prácticas corruptas. Así los inversionistas presentan propuestas temerarias y luego de celebrado el contrato, buscan su renegociación a través de adendas, generando mayores beneficios para el privado.

El gobierno estaría por celebrar una adenda al contrato de concesión del Aeropuerto de Chinchero, que lo modifica sustantivamente. Ello, contra la opinión del ente regulador, generando la renuncia de su presidenta. Como sostiene Alonso Segura, “esto rompe los principios rectores de no modificación de condiciones de competencia, valor por dinero y asignación de riesgos que caracterizan a una APP. El concesionario estaba obligado a endeudarse (riesgo financiero) y recibir el pago del Estado cuando el aeropuerto operase (riesgo constructivo). Ahora se cambian las condiciones. El Estado financiaría la obra y además daría un adelanto. Ello por la imposibilidad de que la empresa ganadora presente un financiamiento razonable. Pero al financiar el Estado, esto se convierte en obra pública. Y con esas condiciones otros postores habrían hecho una mejor oferta al Estado. Si el Estado será responsable del 80.7% del presupuesto total, ¿para qué necesita al concesionario?

Quienes defienden la adenda sostienen que el Estado ahorraría $589 millones, pero ese cálculo está basado en la incapacidad del consorcio de obtener un financiamiento razonable. Ello debería ser suficiente para dejar sin efecto la APP. No dudo que el ejecutivo tenga las mejores intenciones de echar a andar la economía. Pero queda claro que detrás de esto habría un lobby bastante grande que enriquecerá a algunos, en detrimento del Estado.

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