Desde el gobierno se emiten mensajes mixtos respecto a la empresa privada. Por un lado, el presidente no quiere dejar de reconocer el rol que el sector privado ha tenido en esta pandemia. Por otro lado, desde el gabinete hay quienes no tienen problema en construir sobre la narrativa de la empresa privada malvada y que se aprovecha.
Tenemos al premier Zeballos hablando de las “miserias humanas” de las clínicas privadas por sus cobros en tratamientos para el Covid-19. Efectivamente, son precios altos. Sin embargo, fue el 20 de abril que el gobierno aprobó el Decreto Legislativo 1466 para incluir al sector privado en el intercambio prestacional en el marco de la epidemia. El objetivo de la norma era que el SIS pueda pagar a las clínicas privadas los servicios que estas ofrecen para el tratamiento de Covid-19. Esta norma, además, no estaba complementada con un tarifario.
Ahora, hace unos días, el ministro Zamora sostuvo que hasta el día de hoy -dos meses después de promulgada la norma-, el gobierno no ha logrado llegar a un acuerdo con el sector privado. Sí, puede que el proceso de negociación sea complicado y esté lleno de trabas burocráticas, pero en este contexto el gobierno ha debido establecer como prioridad fijar las pautas del intercambio prestacional, pues el colapso del sistema de salud público era solo cuestión de tiempo, y no se puede negar que el gobierno prometió asumir estos costos.
Ahora el gobierno está culpando a las clínicas privadas -y con ello al sector privado en su conjunto-. Denunciemos los abusos (porque sí los hay) -eso siempre hay que hacerlo-. Pero reconozcamos los hechos. Pero no olvidemos que quienes nos van a sacar del abismo económico son esas mismas empresas que muchos disfrutan criticar: las formales, las que movilizan recursos, las que pagan impuestos y generan puestos de trabajo. Así que pensemos dos veces antes de pedir expropiaciones.
