La presidenta Keiko Fujimori llevó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una de las preocupaciones más graves del Perú: el avance del crimen organizado. Su planteamiento fue contundente: identificar a las organizaciones criminales como una amenaza para el Estado y los ciudadanos y establecer un marco que permita enfrentarlas con mayor decisión.

La definición importa. Cuando una amenaza cambia de dimensión, el Estado también debe adaptar sus herramientas. El Perú ya no enfrenta únicamente al delincuente que roba en una esquina. Existen organizaciones que extorsionan, asesinan, trafican, controlan territorios, utilizan las cárceles como centros de operaciones y construyen redes económicas para sostener sus actividades. El propio Gobierno ha planteado, dentro de su pedido de facultades, modificar el marco legal para clasificar a determinadas organizaciones criminales como terroristas.

La presidenta ha planteado que una definición clara permitiría una actuación más decidida de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía. Ese apoyo puede ser importante en determinadas circunstancias, pero debe estar acompañado de reglas precisas, cadena de mando, objetivos concretos y mecanismos de control. La firmeza del Estado no está reñida con el Estado de derecho; por el contrario, necesita de él.

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