Opinión

​EL DERECHO PERUANO ESTÁ CHUECO

Uno de los poquísimos países en el mundo -si acaso no es el único- donde el derecho procesal es aplicado al revés es el Perú.

20 de Abril del 2019 - 07:39 Miguel Ángel Rodríguez Mackay

La decisión de un juez de dictar ayer prisión preventiva por 36 meses en contra del expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, y por supuesto la anterior, por otro magistrado, de dictar prisión preliminar por 10 días contra el exmandatario Alan García, llevándolo por esta medida a suicidarse, casi como por un imperio, como profesor universitario, escribo esta columna en la idea de exigir poner coto a las enormes falencias que se verifican en la administración de justicia en nuestro país, originando que el derecho peruano sea calificado de grave, donde nada de lo dicho menoscaba ni impacta en la independencia de los poderes del Estado. Lo voy a explicar. Una regla general básica aceptada en la condición de principio universal del derecho procesal por los diversos sistemas jurídicos que existen en el mundo -romano-germánico, anglosajón, islámico, etc.- es que en un proceso judicial la comparecencia es una regla y la detención, una excepción. Uno de los poquísimos países en el mundo -si acaso no es el único- donde el derecho procesal es aplicado al revés es el Perú. Jurídicamente, la única decisión judicial que pone fin al pétreo principio de presunción de inocencia para el encausado es la sentencia condenatoria, pues técnicamente consuma la condición de delincuente al imputado. Guste o no, mientras no se dé este momento procesal -siempre al final del juicio-, el inculpado debe ser considerado potencialmente inocente y en esa calidad privilegiarse para él una carga de preeminente acción protectora del Estado. Aquí es al revés, debiendo el encausado absurdamente demostrar su inocencia. El único criterio imperativo para que un juez dicte orden de detención, sea preliminar o preventiva, es porque existen elementos objetivos de racionalidad jurídica suficientes para sostener que el imputado pudiera rehuir a la justicia, la que no se sostiene en el capricho y mucho menos en la negligencia o la ignorancia. El criterio para privar a una persona de su libertad, aunque sea temporalmente, debe ser jurídico, primando evidencias incontrastables, casi siempre concluidas por la conducta del imputado. Hay que apreciar un juicio únicamente desde el Derecho. 

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