Los expresidentes del Perú Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti enfrentan serias acusaciones que ponen en evidencia la profunda crisis de la clase política en el país. Si bien los casos de los dos primeros están vinculados a presuntos actos de corrupción y podrían terminar en prisión, la situación de Sagasti es distinta, aunque no menos controvertida. Se le acusa de haber dado de baja a 19 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), una acción que la Comisión Permanente del Congreso considera ilegal y que podría costarle una inhabilitación política por 10 años.

Vizcarra está cerca de recibir sentencia. Según la tesis fiscal, habría recibido 2.3 millones de soles en coimas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, lo que ha llevado al Ministerio Público a solicitar una condena de 15 años de prisión. Por su parte, Humala también enfrenta un proceso complejo: la Fiscalía ha pedido 13 años de cárcel por presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas durante su gobierno.

Estos hechos no son aislados. Reflejan el progresivo deterioro de la figura presidencial y la percepción de que muchos de quienes alcanzan el poder lo hacen con la intención de servirse de él y no de servir a los ciudadanos. La consecuencia es una desconfianza generalizada de los peruanos hacia sus autoridades y una crisis institucional que se agrava día a día.