El proyecto especial Chavimochic acaba de cumplir cinco años paralizado y la noticia es pésima no solo para La Libertad. El estancamiento de las obras impide que se puedan generar 150 mil empleos directos no solo en la zona, pues también llegan hasta ahí obreros de regiones aledañas.

Aún más, el Estado peruano pierde en total 10 mil millones de dólares (2 mil millones por cada año). Pero ni este gobierno, ni los que lo precedieron en estos años quisieron comprarse el pleito.

El gobernador Manuel Llempén planteó desde el inicio de su gestión algo que parecía razonable, pero a la vez polémico. Eran los tiempos del remezón de Odebrecht, que había salpicado a expresidentes de la república y exfuncionarios. Llempén propuso que sea Odebrecht quien culmine las obras de Chavimochic y, una vez terminadas dichas obras, se retire finalmente y para siempre. La apuesta era por pragmatismo: a estas alturas era difícil que otra compañía asuma el proyecto, y en todo caso eso tardaría más años.

Pero, como era de esperarse, la propuesta despertó el griterío y la demagogia. Políticos y otros voceros, así como periodistas, comenzaron a señalar que cómo era posible que se permita a la corruptora empresa brasileña seguir con las obras, que debería botársela de una vez por todas. A esas alturas, si existía una empresa vigilada era justamente Odebrecht, que además había ya reformado su organización y tenía a nuevos directivos. Aún más, hasta hoy la empresa no ha admitido sobornos en torno al proyecto Chavimochic, más allá de algunas revelaciones de codinomes que, al parecer, significan pagos por asesorías y otras similares.

Y bueno, ahí tenemos las consecuencias. Chavimochic volvió a manos del Ejecutivo hace poco, pero no hay voluntad para resolver el asunto. Ahora el gobernador Llempén pide que vuelva a la región para tratar de llevar adelante su planteamiento inicial. Si el gobierno de Castillo no quiere quemarse con esa papa caliente, que la deje.