La Procuraduría Anticorrupción, a cargo de Amado Enco, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que denunciara ante la Fiscalía al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, por presuntas irregularidades en el caso Chinchero; y por considerar que se debe interrogar al presidente Pedro Pablo Kuczynski con respecto a sus declaraciones sobre el mencionado aeropuerto, tal como informó ayer Correo.
El accionar de la Procuraduría ha motivado el malestar del Ejecutivo, que se ha expresado en declaraciones públicas tanto del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, como del titular del Interior, Carlos Basombrío. El primero ha dicho que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado actúa con poca rigurosidad, y el segundo ha advertido que están debilitando al gobierno.
El premier Zavala ha sido cauto en sus declaraciones y ha dicho a este diario que su extrañeza no tiene por qué afectar la autonomía de los procuradores, que en buena cuenta son abogados del Estado y no del Gobierno. En ese sentido, es positivo que el Ejecutivo tenga esto muy en cuenta, más allá de los legítimos cuestionamientos que pueda formular al trabajo de Enco y compañía.
Ya hemos tenido una mala experiencia por la labor de procuradores anticorrupción al servicio de un presidente y de su esposa, pues los funcionarios del pasado fueron incapaces de detectar los indicios de corrupción que ya venían saliendo a la luz desde hace mucho. Esto jamás debe volver a suceder, por el bien del país y del propio gobierno en funciones.