El escandaloso “ampay” que revela el grado de impunidad que goza la exalcaldesa de Lima, lamentablemente, confirma lo que hemos advertido en reiteradas ocasiones en esta columna: la injerencia política e ideológica en el sistema de justicia, protagonizada por una influyente ONG y, en particular, por su director.

Este caso representa el ejemplo más notorio del doble estándar con el cual está impregnado nuestra justicia. Para algunos, los procesos se aceleran y se acortan, incluso a expensas de la dignidad y los derechos humanos de los procesados, mientras que para otros, como en el caso de la señora Villarán, el proceso avanza deliberadamente muy lento ¡a paso de tortuga!

El sentido común nos dice: dos más dos suman cuatro. Hay que recordar que Villarán es fundadora de IDL, amiga de Gorriti, militante de izquierda, feminista, progresista y miembro destacado de la cofradía caviar, siendo también una antifujimorista visceral. Además, es una recurrente colaboradora en consultorías y otrora pseudo-líder en la lucha contra la corrupción. Así, las puertas de la justicia, reservadas para las castas, notables y autodenominados “reserva moral” del país, se abren de par en par.

Lo que demuestra este caso emblemático de impunidad es la gravísima concentración de poder que ejerce este grupo en el ámbito judicial, desequilibrando de esta forma la balanza de la justicia y utilizándola con descaro como brazo persecutor para amedrentar a los adversarios.El daño causado a la nación, en particular al sistema de justicia, es significativo. La institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía, el Poder Judicial y la Procuraduría se han visto inmensamente perjudicados. ¡Urge una cruzada nacional que actúe con firmeza para revertir esta situación en busca del bien común!