La institucionalidad del Estado está en riesgo y es el gobierno de Pedro Castillo Terrones, encargado temporal de administrar el país, uno de los principales autores de estos ataques para socavar los aún endebles cimientos en los que se erige el Perú.

La ofensiva viene de varios frentes y el último, y más preocupante caso, es el respaldo del ministro de Justicia, Aníbal Torres, al pedido del abogado Eduardo Pachas para revisar el nombramiento del procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, luego que este último denunciara al presidente Castillo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

Si bien la premier Mirtha Vásquez descartó que se vaya a retirar al procurador, que el ministro de Justicia haga eco a los pedidos de un abogado defensor, sin importar a quién represente, ya sienta un pésimo precedente.

Otro punto a considerar son las constantes idas y vueltas de la presidenta del Consejo de Ministros respecto a la tan mencionada lista de visitantes y reuniones que sostuvo Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea.

El presidente, a través de su abogado, se ha encargado de dejar sin piso a Mirtha Vásquez cada vez que ella mencionaba este tema y esto tampoco ayuda a mantener la institucionalidad.

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