Hace poco, el cantante de cumbia Jaime Carmona fue asesinado a balazos por sicarios dentro de un restaurante en la capital. Este trágico incidente no es un caso aislado, sino un reflejo de la creciente criminalidad en nuestro país. Mientras tanto, el Estado parece ser un mero espectador de este terrible panorama. En el Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público, la toma de conciencia sobre la galopante inseguridad ciudadana es inexistente, y mucho menos hay decisiones efectivas para frenarla. Los peruanos pedimos mano firme en medio del desborde delincuencial, pero no hay respuestas.

En el libro “El Fin del Poder” de Moisés Naím, se describe cómo la degradación del poder en nuestros países beneficia “a nuevos protagonistas en muchos campos; entre ellos, por desgracia, a delincuentes, terroristas, insurgentes, piratas informáticos, traficantes, falsificadores y ciberdelincuentes”. A esta lista debemos añadir también a sicarios, secuestradores y extorsionadores. Está claro que la descomposición del Estado produce este escenario, y en el Perú ya lo estamos viendo.

El gobierno sigue improvisando, sin rumbo claro y sin tomar decisiones firmes, alargando así los padecimientos de la gente. Dina Boluarte parece no darse cuenta de que el país se cae a pedazos, que no ve lo que ocurre en las calles y que solo hace zapping para ver sus novelas turcas. Con esta actitud, será casi imposible derrotar a la criminalidad.

Es crucial que el Legislativo se apure en tomar medidas drásticas y necesarias. Si no lo hace, en el 2026 podríamos tener como presidente de la República a un condenado por homicidio. La indiferencia y la falta de acción por parte de nuestras autoridades no solo son alarmantes, sino peligrosas. La inseguridad no se resuelve sola; requiere voluntad política, estrategias claras y una ejecución implacable.