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Nunca se ha visto una campaña de demolición tan intensa y feroz contra un funcionario público (cuyo nombramiento no provenga de elección popular) como la emprendida contra el fiscal de la Nación (FN), G. Chávarry. El Gobierno, de la mano del conglomerado mediático de diarios y TV, ha asumido como cruzada despojar del cargo a G. Chávarry urdiendo toda clase de argumentos (unos más descabellados que otros) que justifiquen su separación. ¿A mérito de qué?

Pretendieron, en un inicio, “sugerirle” a la Junta de Fiscales Supremos (de la que forma parte Chávarry) que lo “más conveniente para el país” era votar por la reelección de P. Sánchez en el cargo de FN, lo que no ocurrió. Luego, cuestionaron su designación aduciendo que no había juramentado ante el presidente de la República (quien, precisamente, se negó a asistir a su juramentación, como preludio de lo que iba a venir), “olvidando” que su elección corresponde constitucionalmente a la Junta de Fiscales Supremos.

Posteriormente, cuestionaron su ratificación como fiscal supremo por parte del CNM (ocurrida el 03/07/2018), buscando irregularidades que no existen. Después lo vincularon a la banda “Los Cuellos Blancos del Puerto”, en base a un informe fiscal en el que apenas mencionan su nombre en una lista de probables implicados. Continuaron el ataque interponiendo una insustancial acusación constitucional en su contra, la que ya vaticinan será archivada.

Fue patético comprobar, en la sesión de la Subcomisión realizada el 11/09/2018, la absoluta carencia de fundamentos de la acusación constitucional formulada por el congresista Arana, en la que no se precisa ninguna falta, ni infracción ni delito que amerite tal acusación, así como la desconcertante actitud del congresista Sheput, encargado de formular el Informe Final, de pretender incorporar nuevos elementos a la acusación, saliéndose del marco de la misma. El FN Chávarry se ha convertido en el factor duro de vencer por quienes dicen combatir la corrupción, pero que pareciera que la alientan.

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