Los resultados del fallido proyecto constitucional en Chile nos llaman a la reflexión antes de terminar el año. La política española, Cayetana Álvarez de Toledo, dijo acertadamente tras el primer rechazo al plebiscito de 2022 que “las constituciones son de todos, nunca pueden ser de parte”. Una frase que resume la historia de los textos constitucionales que han regido en Iberoamérica. Los proyectos conservadores versus liberales fueron una constante durante el siglo XIX. La necesidad de comprender que las constituciones son un pacto de límites al ejercicio del poder para asegurar una esfera de derechos y libertades al ciudadano, demanda un acuerdo donde todos ceden para encontrar un punto de equilibrio institucional en el tiempo: el firme propósito y empeño de la clase política para que la Constitución funcione.

La Constitución chilena de 1980 se mantendrá en vigencia. Un  texto que ha sido revisado y recibido sendas reformas durante los gobiernos de la concertación de partidos de izquierda democrática, incluso sustituyendo la firma del general Pinochet por la del expresidente Ricardo Lagos. Si a ello sumamos el rechazo a dos plebiscitos confirmatorios en septiembre de 2022 y diciembre de 2023, el pacto de la clase política debe apoyarse en la Carta de 1980 y realizar, si fuese necesario, los ajustes que sean necesarios al sistema electoral que ha fragmentado el Congreso en más de veinte partidos. La razón es que el ejercicio de la política debe dimensionarse para conservar la gobernabilidad. Las constituciones nacen para perdurar en el tiempo, pueden modificarse total o parcialmente, pero no derogarse.