Semanas atrás destacaba el interés de nuestra clase política para redefinir la regulación de los partidos políticos. Hoy quiero concentrarme en las denominadas “barreras de acceso”, que creo merecen ser repensadas a fin de garantizar que cualquier expresión política pueda ser parte de la vida electoral.

Recordemos que, desde principios de 2016, las organizaciones nacionales que desean participar oficialmente en política necesitan la firma de al menos el 4% del total de sufragantes de las últimas elecciones generales. En consecuencia, sin la firma (válida) de 733 mil ciudadanos no hay derecho a constituir un nuevo partido político, algo que resulta totalmente desproporcionado al compararlo con la legislación de Chile, Colombia o Ecuador en donde la exigencia no supera siquiera el 1.5% del total.

Esto no es sano para nuestra joven democracia, pues, si bien es cierto que es imperativo fortalecer a las organizaciones políticas, creo que la solución no pasa por cerrar el acceso, sino en establecer exigencias que garanticen su existencia real, tales como militantes debidamente registrados, número representativo y fiscalizado de comités a nivel nacional, participación mínima en primarias abiertas como requisito para participar en elecciones generales, etc. De esta forma se fortalecen integralmente las organizaciones políticas y se evita el riesgo de afectar la representatividad y de forzar a nuevos actores a ser parte de un sistema poco transparente para poder obtener las firmas necesarias.

En suma, la reforma actual debería corregir el error cometido por el Congreso pasado, que pareció más dirigido a restringir la competencia a favor de quienes ya estaban en el sistema. Hoy esto afecta a Guzmán y Mendoza. Mañana podría ser cualquier otro ciudadano.